Confusión en Mutualista: Intento de abrogación sin disputa legal
Concejal Vidaurre, concejal de Comunidad Autonómica, envía proyecto de abrogación de Ley 417/2016 sobre Mutualista al Concejo antes de iniciar disputa legal
El concejal Marcelo Vidaurre presentó un proyecto de abrogación de la Ley 417/2016, que declaraba al Mutualista como bien de dominio municipal, sin que existiera aún una disputa legal sobre el tema. Este intento se produjo meses antes de que Nelson Miguel Crapuzzi iniciara un amparo constitucional.
La acción de Vidaurre tuvo lugar en abril de 2023, cuando remitió al Concejo Municipal el proyecto de ley de abrogación, bajo la supuesta iniciativa de su colega Juan Carlos Medrano. Sin embargo, según Vidaurre, esta fue una “metida de pata” al confiar en el criterio de Medrano, quien no estaba presente para firmar el documento.
La controversia se intensificó cuando se reveló que la familia Crapuzzi aún no había iniciado el amparo constitucional en contra de la Ley Municipal 417/2016. La resolución de la Sala Constitucional Tercera que dejó sin efecto esta ley se emitió meses después del intento de abrogación, añadiendo confusión al proceso.
El proyecto de abrogación se fundamentaba en el incendio ocurrido en el Mutualista en julio de 2022, argumentando que revelaba problemas de hacinamiento y caos, así como dudas sobre la legalidad del predio. El concejal Medrano sostenía que la declaración del Mutualista como bien de dominio público se realizó de manera ilegal, afectando el derecho a la propiedad de Crapuzzi.
En febrero de este año, los concejales Vidaurre, José Alberti y Karina Orihuela instaron al alcalde Jhonny Fernández a entregar los planos del Mutualista a Crapuzzi, tras la abrogación de la Ley 417/2016. Esta recomendación se hizo en vista de una posible acción legal por incumplimiento, resaltando la necesidad de acatar las disposiciones del tribunal de garantías.
La situación en el Concejo Municipal ha puesto de manifiesto las disputas internas y las decisiones rápidas que afectan a la comunidad. Aunque el intento de abrogación de la ley se justificó como una medida preventiva, su ejecución prematura y la falta de respaldo legal han suscitado interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de los procesos en el ámbito municipal.
