En el Parlamento se enfrentan a menudo problemas de alta complejidad inherentes a la gestión de un Estado moderno. Estos asuntos requieren un profundo conocimiento especializado, así como propuestas y soluciones integrales. Sin embargo, es frecuente que los parlamentarios dispongan únicamente de información parcial, lo que puede resultar en decisiones tomadas con un grado de desconocimiento, generando incertidumbre en los resultados.
El premio Nobel de Economía de 1976, Milton Friedman, afirmaba que los parlamentarios a menudo defendían los intereses de grupos específicos sin comprender completamente las implicaciones de sus decisiones. Esta falta de conocimiento puede tener consecuencias negativas en la economía y en la sociedad en general. En el contexto boliviano, esta situación se agrava cuando las decisiones legislativas se basan más en consideraciones políticas que en aspectos técnicos o económicos, lo que suele resultar en resultados desalentadores.
El salario mensual por parlamentario titular en Bolivia es de Bs. 21.000 o US$ 3.000 tomando tipo de cambio oficial, y de Bs. 8000 para los suplentes, una cifra considerablemente alta desde la perspectiva del ciudadano promedio. Esta disparidad salarial molesta a gran parte de la población, especialmente cuando se percibe que los parlamentarios no están realizando un trabajo efectivo que justifique esos montos.
Recientemente, algunos aspirantes a la candidatura de la presidencia han propuesto la idea de reducción de la cantidad de parlamentarios como una medida para producir ahorros. Aunque esta idea puede parecer atractiva para muchos ciudadanos que desconfían de la utilidad del parlamento, es necesario realizar comparaciones de costos de funcionamiento para evaluar su viabilidad.
El Parlamento boliviano tiene un costo anual de $42 millones de dólares, una cantidad notablemente inferior en comparación con otros países de la región. Por ejemplo, el Congreso chileno tiene un presupuesto de $150.52 millones de dólares, el Congreso argentino alcanza los $380.3 millones de dólares, y el Congreso colombiano cuenta con $168.12 millones de dólares. A pesar de estas disparidades en los costos, el verdadero problema que enfrenta el parlamento boliviano no se limita únicamente a sus gastos, sino también a su ineficiencia para proponer legislación efectiva y ejercer una fiscalización adecuada sobre el poder ejecutivo
Existen varias causas para esta ineficiencia. En primer lugar, muchos parlamentarios asumen el cargo sin un conocimiento adecuado de la Constitución Política del Estado y de la ley SAFCO, lo que limita su capacidad para desempeñarse eficazmente. Además, la falta de una visión de estado unificada y la dependencia excesiva de asesores políticos también contribuyen a la falta de eficacia del parlamento.
El Parlamento debe consolidarse como un órgano de control continuo, lo cual se puede lograr mediante la exigencia de estadísticas e informes actualizados de manera bimestral. Estos informes deben incluir una desagregación detallada de la información relacionada con entidades y empresas públicas. Esta medida eliminaría la necesidad de solicitar información, la cual muchas veces no se responde o se responde con meses de retraso.
Para mejorar la situación, es necesario establecer estándares mínimos para el desempeño parlamentario, exigir rendiciones de cuentas periódicas y promover una mayor participación ciudadana en el proceso legislativo. Además, se deben asignar recursos adecuados para capacitar a los parlamentarios y garantizar que cuenten con el apoyo necesario para desempeñar sus funciones de manera efectiva.
En resumen, si la situación actual persiste sin cambios y no se anticipa una evolución en la gestión institucional parlamentaria, se debería considerar la reducción del número de parlamentarios como medida para lograr un ahorro en el país. No obstante, para lograr una mejora cualitativa, resulta fundamental adoptar un enfoque integral de modernización del parlamento que aborde tanto el aspecto financiero como la eficacia de su funcionamiento. Esto implica promover una mayor profesionalización y compromiso con el servicio público, mediante la selección de asesores no vinculados a intereses políticos, sino designados por colegios profesionales, lo que proporcionaría una visión más completa de la realidad y permitiría una toma de decisiones más informada y una fiscalización más efectiva de las instituciones del Estado boliviano.
