Uno de los dirigentes de las comunidades que frenaron momentáneamente la aprobación de los contratos para la explotación de litio en el salar de Uyuni, explicó que las comunidades no están en contra de la explotación de este mineral en favor del país y que solo están pidiendo que el Gobierno esclarezca las normativas que se tienen para la aplicación de estos trabajos.
Iván Calcina, ejecutivo de las comunidades de Nor Lípez, explicó que no se hizo una consulta previa a los vivientes de la zona para iniciar los procesos de explotación de litio y sobre todo se quejó por la poca información que se tiene de lo que se realizará en una de las reservas de litio más grandes del mundo.
“No hay estudio socioambiental, no hay una Ley marco de litio, no hubo una consulta previa. Nosotros solamente queremos hacer respetar nuestros derechos, no estamos en contra de la explotación del litio”, apuntó Calcina y exigió a las autoridades información sobre lo que sucederá en la zona.
La justicia falló en favor de los pedidos de los comunarios, que exigen saber más de los contratos y cómo se actuará en el lugar, paralizando la aprobación de los contratos para la explotación del litio hasta una nueva audiencia que se debe realizar la primera semana de junio.
El dirigente de las comunidades de Nor Lípez, insistió en la necesidad de presentar un estudio ambiental y aseguró que se trata de una causa justa, ya que aseveró se vulneraron sus derechos.
