La Procuraduría General del Estado y ganaderos del Beni y Santa Cruz acordaron suspender un Dictamen Procuradurial que ordena la investigación de propiedades donde se originaron los incendios en la gestión pasada y sancionar con reversión de tierras y procesos penales y administrativos a los dueños o involucrados.
Tras los incendios en 2023 que provocaron la destrucción de 3.508.033 de hectáreas, de las cuales 2.269.109 pertenecen a propiedades dedicadas a la agricultura y ganadería, la Procuraduría ordenó, mediante el Dictamen Procuradurial 01/2024 del 2 de enero de la presente gestión, que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) investiguen e identifiquen a los dueños de las propiedades donde se iniciaron esos incendios e iniciar procesos penales y administrativos para revertir esas tierras y sancionar a los responsables.
“Que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT en el marco de sus funciones y atribuciones que le otorga la Ley Forestal N° 1700 de 12 de julio de 1996, la Ley N° 1715, Ley N° 3545 y el Artículo 31, inciso f) del Decreto Supremo N° 071 de fecha 9 de abril de 2009, que textualmente señala: ‘Ejecutar acciones de prevención, control y fiscalización de los usos inadecuados de los recursos forestales y suelo, quemas de pastizales e incendios forestales; realizar seguimiento e imponer sanciones, si corresponde, a los cambios de uso de suelo no permitidos ni autorizados, de acuerdo con la ley.’; Identifique las propiedades donde se generaron o iniciaron los primeros focos de calor a efectos de aplicar la normativa correspondiente y determinar el incumplimiento de la función económica social o función social”, indica el punto 1 del Dictamen Procuradorial a la que accedió la ANF.
El punto dos del dictamen también ordena al INRA a que coordine con la ABT para analizar e identificar el incumplimiento de la función económica social, como consecuencia de chaqueos y quemas ilegales en propiedades rurales agrarias o ganaderas que generaron incendios de magnitud en territorio nacional.
Sin embargo, el 18 de junio, los ganaderos de Santa Cruz y Beni sostuvieron una reunión con las autoridades de la Procuraduría para acordar suspender la aplicación del Dictamen Procuradurial 01/2024. Este acuerdo se vio reflejado en una carta que el procurador César Siles envió a los representantes ganaderos.
Según la normativa boliviana, la función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. Al evidenciarse que esas tierras están siendo quemadas en perjuicio del medioambiente y con directo perjuicio y afectación al conjunto de la sociedad, se estaría incumpliendo ese principio. Por lo tanto, es causal de reversión de esas tierras a propiedad del Estado.
// Fuente: ANF
